Aefyt denuncia a Hacienda ante la Comisión Europea por el impuesto sobre gases fluorados

La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda y la Función Pública. La causa es el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (IGFEI), que la asociación considera que supone una infracción de la legislación de la Unión Europea.

En la denuncia se argumenta que el IGFEI genera distorsiones en la competencia para las entidades que a ella se someten y para con las del resto de países miembros, lo cual incumple el Tratado de Funcionamiento de la UE. En concreto, lo dispuesto en el artículo 26, por el que cual se fija la obligación de establecer y garantizar el funcionamiento del mercado único.

Reducción de las ventas a la mitad

Según Aefyt, la aprobación de la Ley 16/2013 ha supuesto para las distribuidoras de gases fluorados una disminución de las ventas en el mercado español de aproximadamente el 50%. Algo que se propicia por la entrada irregular de productos de otros estados miembros de la UE (sobre todo Francia, Portugal e Italia) en los que no existe un impuesto similar.

El IGFEI ha provocado una disminución de las ventas del 50% y un alza del mercado de negro

El mercado negro de gases refrigerantes generado ronda entre 3.000 y 4.000 toneladas. Ello se debe, en gran medida, al elevado tipo impositivo del impuesto, que puede alcanzar hasta el tipo máximo de 100 euros/kg, lo que se considera desproporcionado y un incentivo al fraude fiscal.

Además, la entrada ilícita de gases refrigerantes “se deriva asimismo en emisiones de CO2 incontroladas, eliminando cualquier supuesto efecto medioambiental del impuesto, además del IVA que el Estado deja de ingresar”, recuerda Roberto Solsona, presidente de Aefyt.

Agravio comparativo con el resto de la UE

El cumplimiento de la Ley 16/2013 ha supuesto la pérdida de competitividad por parte de las compañías españolas frente a las del resto de países de la UE, estados en los cuales no se soporta la carga del impuesto sobre el gas, ni se sufren las consecuencias del mercado ilícito. Por todo ello Aefyt entiende que supone agravio comparativo.

Solsona insiste en que “hemos constado que las diferentes alternativas para evitar estos efectos negativos en nuestro sector, propuestas ante el Ministerio de Hacienda y la Función Pública y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no han sido escuchadas, por lo que nos vemos obligados a pedir amparo a la Unión Europea, que debe defender los principios de libre mercado entre sus estados miembros”.