Organizaciones sectoriales se unen contra el impuesto a los gases fluorados

Ante el inicio de la tramitación legislativa que modificará el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, varias organizaciones sectoriales se han unido en su contra.

Las organizaciones firmantes de la iniciativa, entre las que se encuentran AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA, ATFRIE, CNI, CONAIF, FECE, FEGECA y FELAC, afirman que "el nuevo impuesto que prepara el Gobierno grabará la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, aplicando un impuesto a los refrigerantes utilizados en ellos”.

Una veintena de asociaciones de los sectores afectados han unido sus voces contra lo que consideran un atropello fiscal injustificado

Seguidamente, reproducimos textualmente la nota informativa en la que las organizaciones firmantes fijan su posición:

«España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno pretende además extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.

La medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, y las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial. Afecta también a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los electrodomésticos, la automoción… ; y mermaría la competitividad de estos sectores, que facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más de 750.000 personas.

El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias”.

La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en trámite. De aprobarse así la redacción del anteproyecto, España sería el primer país de la Unión en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose el principio europeo de “quien contamina, paga”, incluso aunque sean energéticamente. Otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.

Paradójicamente el nuevo impuesto “medioambiental” penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos. Sus beneficios medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera.

El impuesto, por otro lado, ignora las reflexiones y recomendaciones de los 60 expertos en fiscalidad, entre los que se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, que han intervenido en el “Libro blanco para la reforma fiscal en España”, publicado en febrero de 2022.

En él se explica que el impuesto sobre gases fluorados “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector.” 

También se destaca que grava ”un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”, y que este tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo de fraude”.

Una veintena de asociaciones de los sectores afectados han unido sus voces contra lo que consideran un atropello fiscal injustificado: un impuesto que no está alineado con las políticas de la Unión Europea, que repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos».